Layda Sansores aparecerá en Registro Nacional de Agresores Políticos

Luego de que diputadas federales y locales se inconformaran ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la supuesta posesión de imágenes sexuales en manos de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, el órgano electoral federal ordenó inscribir a la mandataria estatal en el Registro Nacional de Agresores Políticos en Razón de Género.

El TEPJF desestimó el dictamen del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) en el cual se quitaba responsabilidad a la gobernadora en primera instancia, tras asegurar que la mandataria sí cometió el delito y fue agresora confesa, por lo que desde ese momento, el tribunal local debió realizar las diligencias adecuadas.

De acuerdo con lo anterior, la mandataria estará inscrita por cuatro años y seis meses en el registro nacional de agresores, lo que le impedirá participar en una elección popular como candidata, o trabajar en el servicio público en los 17 estados donde ya se homologó la Ley 3 de 3 que imposibilita a agresores de diversas índoles a ser candidatos o trabajar en cualquier orden de gobierno.

Junto a la mandataria estatal, también fueron inscritos las siguientes personas:

  • Por 2 años, el dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Campeche, Erick Reyes León, por difundir el mismo mensaje que Sansores durante los martes del jaguar.

  • Por 2 años 8 meses, Walther Patrón Bacab, director de la Unidad de Comunicación Social (UCS) del Gobierno del Estado, y Raúl Sales Heredia, director general de Televisión y Radio de Campeche (TRC), que es el medio institucional del gobierno estatal, ya que uno funge como productor del Martes del Jaguar, programa donde la gobernadora reveló dicha información, y el otro por ser operador del equipo de transmisión.

  • De 2 a 6 años, otras 24 personas más, entre ellas el analista político Alfredo Jalife y el periodista Ignacio Rodríguez, por compartir dicha transmisión y denostar con comentarios inapropiados a las legisladoras inconformes.

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