Guardia Nacional 6ta autoridad con más violaciones a los Derechos Humanos
El pasado domingo 16 de abril, elementos de la Guardia Nacional (GN) presuntamente dispararon contra una camioneta en la que viajaba una familia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un saldo mortal de un hombre, una joven de 15 años embarazada y un bebé de ocho meses de gestación, además de tres heridos.
Tras los hechos, la vocería de la Guardia Nacional informó que la Unidad de Asuntos Internos ya se encuentra investigando la agresión, mientras que la Fiscalía de Tamaulipas abrió una carpeta que fue turnada a la Fiscalía General de la República (FGR).
Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, señaló como presunto responsable a un artillero quien iba en la parte exterior de la camioneta de seguridad, elemento que hizo al menos 86 disparos.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, de la CNDH, desde 2020, apenas un año después de que nació la Guardia Nacional (GN), este cuerpo de seguridad ya tenía quejas ante el organismo, sumando en ese año 350 reportes; que en 2021, subieron a 504; y ahora en 2022, a 577 casos registrados, posicionándola como la sexta autoridad en el país con más reportes violatorios.
Donde los primeros 5 lugares con reportes de incidentes son: el Estado de México (150); seguido de la Ciudad de México (38), Guanajuato (34), Oaxaca (33) y Jalisco (31); mientras que en Tamaulipas, entidad donde ocurrió el ataque a la familia, se reportan 15 casos, ocupando el sitio 13 de la clasificación nacional.
De esta manera, la GN está por encima incluso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que con 428 casos, ocupa la octava posición en la lista de autoridades con más quejas por violación a los derechos humanos en 2022. La Marina Armada de México, por su parte, no aparece en esta relación top diez.
Entre los hechos violatorios más recurrentes de la GN están la falta a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones; prestar indebidamente el servicio público; violencia desproporcionada; tortura; y un trato cruel, inhumano o degradante, entre otros.
