Morena denuncia al gobernador Samuel García y su familia por el presunto desvío de más de 1,400 mdp de recursos públicos

Morena presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León una denuncia contra el gobernador Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez, familiares y funcionarios estatales por presunto enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de mil 400 millones de pesos. 

Como parte de los elementos que Morena pide investigar están los pagos realizados por dependencias estatales a proveedores que, posteriormente, habrían transferido recursos a otras compañías hasta llegar a la Firma Jurídica y Fiscal Abogados, despacho familiar vinculado con el padre de Samuel García. Los denunciantes solicitaron que la UIF, el SAT y la CNBV revisen las cuentas y movimientos financieros para determinar el origen, destino y trazabilidad del dinero.

En uno de los movimientos señalados, la Tesorería estatal depositó 22.2 millones de pesos a MYR, después la empresa transfirió recursos a Jace y, aproximadamente dos horas más tarde, 8.5 millones de pesos llegaron al despachorelacionado con García y su padre. El gobernador ha rechazado que exista una triangulación irregular y ha argumentado que MYR ya era proveedor estatal antes de su administración y que Jace era cliente de su despacho desde antes de que asumiera la gubernatura.

Los señalamientos también se extienden al patrimonio inmobiliario del gobernador y su familia. En 2023, la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, vinculada a Samuel García y su padre, adquirió un predio de aproximadamente 17.6 hectáreas en Mesa de la Corona, San Pedro Garza García, cuyo valor comercial fue estimado por especialistas en más de 700 millones de pesos; García primero negó haberlo comprado y posteriormente explicó que habría sido entregado como dación en pago por servicios jurídicos.

Al respecto, el gobernador por Movimiento Ciudadano, Samuel García ha calificado los señalamientos como un “refrito” de acusaciones de 2021 y 2022 las cuales ya fueron revisadas por autoridades sin que se acreditaran irregularidades; no obstante, la nueva denuncia busca que las fiscalías determinen si existen elementos para establecer alguna responsabilidad penal.