FGR detiene al exfiscal de Chihuahua tras acusarlo de traición a la patria por operativo con agentes de la CIA
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, confirmó la detención de César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, por su probable participación en hechos constitutivos del delito de traición a la patria en materia de seguridad nacional. De acuerdo con la FGR, el exfuncionario habría permitido la participación de agentes estadounidenses en un operativo de seguridad realizado en abril pasado en la comunidad de El Pinal, Chihuahua, sin contar con la autorización federal correspondiente.
El operativo se realizó entre el 17 y el 19 de abril en una instalación clandestina de producción de drogas sintéticas ubicada en la zona de El Pinal, entre los municipios de Morelos y Guachochi. En el lugar se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias químicas líquidas, poco más de 50 toneladas de precursores y químicos sólidos, cerca de dos mil litros de metanfetamina, así como reactores, centrifugadoras, contenedores y otros equipos. El caso, posteriormente salió a la luz tras un accidente carretero en el que murieron dos funcionarios de la Fiscalía estatal y dos ciudadanos estadounidenses identificados posteriormente como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La FGR sostiene que la participación de personal extranjero en el operativo carecía de autorización y que las autoridades estatales debieron informar previamente al Gobierno Federal. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la actuación de Jáuregui como irresponsable al señalar que la acciones pudieron comprometer la soberanía y la seguridad nacional.
El caso ha generado tensiones entre autoridades federales y estatales. La defensa de Jáuregui calificó la detención como una maniobra política y electoral, al sostener que podría impedirle competir por la alcaldía de Chihuahua. Mientras que, además de la investigación federal por presunta traición a la patria, el exfiscal enfrenta una causa estatal por posibles delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. La responsabilidad penal en ambos procedimientos deberá ahora determinarse ante las autoridades judiciales.
