México analizará sentencia de CorteIDH sobre reforma a la Prisión Preventiva y Arraigo
El Gobierno de México se comprometió, este miércoles, 12 de abril, a adecuar su marco normativo respecto al arraigo preprocesal así como de la prisión preventiva oficiosa; lo anterior, después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) instó al Estado mexicano a reformar ambas figuras legales a fin de cumplir con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otorgándole un año para informar sobre el cumplimiento de la sentencia.
Dicha sentencia hace referencia a las violaciones al debido proceso y a la libertad personal en contra de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, acusados de haber asesinado en 2001 a la regidora del municipio Atizapán, México, María de los Ángeles Tamés.
Ambos acusados permanecieron en prisión preventiva por 17 años, el tiempo más largo que alguien en México ha estado en la cárcel sin sentencia, hasta el 2019, cuando quedaron bajo arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónicos; no obstante, fue apenas en 2022 que los acusados fueron condenados a 35 años de cárcel, aunque en marzo pasado un juez absolvió a Alpízar por falta de pruebas.
Cabe recordar que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y automática que se aplica ante delitos considerados graves como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada, y que puede encarcelar a un imputado sin condena previa por un plazo máximo de dos años.
A finales del pasado año, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron proyectos para eliminar la figura legal, sin embargo el presidente Andrés Manuel López Obrador se opuso al proceso, por lo que la SCJN no eliminó la prisión preventiva oficiosa, pero sí acotó su aplicación.
