“Ley de Movilidad” en Quintana Roo permitirá servicios de transporte de plataformas digitales

A casi cuatro años de una Ley de Movilidad que nunca fue aplicada, el Gobierno de Quintana Roo entregó al Congreso una nueva versión que promete poner fin al monopolio del transporte y privilegiar al usuario por encima de los intereses de grupos transportes.

Al respecto, la gobernadora Mara Lezama, dijo que la iniciativa plantea brindar una mayor seguridad para los usuarios, a través de medidas como la geolocalización en tiempo real, botones de pánico, así como cámaras de video y grabación de voz, conectados al sistema de seguridad pública.

Dicho documento fue entregado al Congreso local por Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno, quien afirmó que la propuesta cuenta con el respaldo de sindicatos de transporte tanto públicos como privados; resaltando además, que aunque ya existe un amparo federal que le permite a los conductores de plataformas trabajar en el Caribe Mexicano, la iniciativa instaurará la figura de la prestación del servicio de transporte de pasajeros privado a través de plataformas digitales, sin la necesidad de una concesión, pero con la obligatoriedad de darse de alta ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo.

Por otra parte, puntualizó también que se establecerán sanciones más severas para cualquier conductor que incumpla o viole las disposiciones de la ley; como la suspensión, cancelación y revocación de la concesión, en caso de taxis, así como del registro, cuando se trate de choferes de plataformas digitales. 

Cristina Torres mencionó que la proyección es que en un lapso de dos años se pueda implementar la totalidad de estos cambios, a partir de la publicación de esta Ley en el Periódico Oficial del Estado, cuando se contemplará la creación del “Fondo de Movilidad”, el cual se alimentará del cobro de un impuesto, aún por definir, por cada viaje contratado a través de aplicaciones, así como la posibilidad de que reciba recursos por parte de terceras personas, como empresas, ciudadanos y asociaciones civiles.

La administración de dicho Fondo estará en manos del Consejo Estatal de Movilidad, integrado por titulares del Imoveqroo, integrantes del Ejecutivo Estatal, miembros de sindicatos de taxistas y de plataformas, además de representantes de la asociación civil y ciudadanos, quienes deberán ser electos a través de una convocatoria organizada por el Gobierno del Estado.