Ocupación de Punta Venado y Calica por elementos Armados del Ejército 

La empresa Vulcan Materials, a través de su filial en México Sac-Tun, se alista para un nuevo pleito legal debido a la ocupación por parte del Ejército mexicano de la mina al aire libre conocida como Calica y del puerto marítimo ubicados en Punta Venado a favor de la empresa Cemex para el desembarco de material del Tren Maya, pese a que dichas instalaciones se encuentran clausuradas.

Según consta en videos de las cámaras de seguridad de la mina Sac-Tun, que fue el pasado 14 de marzo cuando ingresaron a las instalaciones elementos del Ejército y de la Policía de Quintana Roo, así como personal de Cemex, presuntamente sin ninguna orden judicial, para permitir el desembarco de material de construcción, a través del muelle de Punta Venado, por un barco de la cementera mexicana.

En un comunicado de este lunes 20 de marzo, Cemex aseguró tener una relación contractual de arrendamiento vigente con Calica para el uso de la terminal marítima localizada en Punta Venado; mientras que fuentes al interior de Sac-Tun refieren que la vigencia era válida hasta el 31 de diciembre de 2022.

Al no poder extender dicho acuerdo debido a que Sac-Tun y el puerto se encuentran clausurados desde el 6 de mayo de 2022, la minera dio por concluido el contrato, sin embargo Cemex interpuso una demanda civil, mediante la cual logró que un juez otorgara medidas cautelares para que Cemex pudiera seguir con sus operaciones durante el litigio pendiente, así como el desembarco del material para el 23 de marzo del 2023.

No obstante, dicha acción se realizó de manera anticipada con apoyo de elementos del Ejército fuertemente armados el pasado 14 de marzo, presuntamente por la urgencia del Gobierno federal por concluir el proyecto del Tren Maya.

Sac-Tun es la mina de material pétreo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado como causante de una “catástrofe ecológica” a escasos metros del mar Caribe, en el corazón del corredor turístico Cancún-Playa del Carmen.

El asunto incluso fue denunciado en julio de 2022 ante la ONU, por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores González, argumentando que este acto es en defensa del territorio mexicano.

La empresa sostiene desde entonces un arbitraje internacional contra el gobierno de México, luego de que se modificara el uso de suelo de dos de los predios que poseen en Playa del Carmen, lo cual les ha impedido que puedan emplearlos como canteras para la extracción de piedra caliza que importaban a Estados Unidos.

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