Gruero de Playa del Carmen encabeza Red de despojos, denuncian

José Alfredo Jiménez Hernández, quien ostenta ser el encargado del encierro de Grúas del Carmen, en realidad negocia con la invasión de terrenos propiedad del Gobierno del Estado, los que renta de forma ilícita, aunque luego ordena a expulsar a estos inquilinos, denuncian personas afectadas por estas ilegales prácticas.

La intimidación, las amenazas y hasta la violencia, son tácticas comunes para José Alfredo Jiménez Hernández, quien hasta ahora ha gozado de impunidad por su cercanía con un pariente de un ex gobernador. 

Este sujeto se ha ganado el favor de varios políticos, al ofrecer como servicio el mantener vigilancia sobre sus terrenos, para lo cual cuenta con un grupo armado. Con este respaldo, invade, vende o arrienda predios que no son en realidad suyos, aseguran víctimas, bajo condición de anonimato, por temor a represalias.

En muchos casos, Jiménez Hernández firma contratos de arrendamiento con interesados, pero luego envía a sus huestes a hostigar, intimidar y amenazar, hasta lograr que abandonen estos terrenos, que vuelve a rentar, además de exigir una penalización a quienes se fueron antes del término de su contrato.

Estos abusos han salido a la luz en tiempos de final de sexenio, ya que estos terrenos pertenecen a la AGEPRO, por lo que el Gobierno Estatal ya turnó el asunto a la Sedena y Sedatu, quienes están investigando los nexos políticos que lo encubren.

ROBO DE AUTOPARTES

La invasión de terrenos no es la única actividad ilícita de José Alfredo Jiménez Hernández, quien con frecuencia hace rapiña de los vehículos que llegan al encierro de Grúas del Carmen, con tutela judicial.

Este sujeto ya sabe cuándo los automóviles bajo su cuidado están asegurados por la Fiscalía, proceso que puede tomar varios meses, por lo que con toda libertad procede a desvalijarlos. Los propietarios no se enteran a tiempo, pues él les niega el acceso a su vehículo, cuando acuden al corralón, ya que insiste que solo la autoridad ministerial puede liberarlos.

Sus “influencias” políticas y su colusión con autoridades locales evitan que las denuncias en su contra prosperen, aseguran los quejosos. Pese a ello, ya avanzan las investigaciones en su contra llevarlo ante la justicia.