No hay piso parejo entre taxistas y Uber en iniciativa de ley, acusa Observatorio Legislativo
La iniciativa de Ley de Movilidad, ingresada la semana pasada al Congreso del Estado, viene con una serie de restricciones y obligaciones para los operadores de plataformas digitales de transporte, como Uber, mismas que no aplican para taxistas, denunció hoy la asociación Observatorio Legislativo.
A través de un comunicado, el organismo ciudadano advirtió que esta iniciativa, aunque ya está entregada, no ha sido hecha pública a través de la página web o la gaceta parlamentaria del Congreso del Estado. No obstante, ellos tuvieron acceso a un borrador, en donde advirtieron la falta de un “piso parejo” entre ambas modalidades de transporte.
Una de las más llamativas es la exigencia de que los vehículos usados para una plataforma de transporte deberán contar con un GPS conectado al centro de vigilancia del Gobierno del Estado, el C5, lo que pudiera infringir en el derecho a la privacidad de estos ciudadanos. En contraste, a los taxistas no se les hace esta exigencia, pese a que muchos han estado involucrados o han sido víctimas de delitos.
Otras restricciones incluyen el que un operador de plataforma solo puede tener un vehículo, del que debe ser su propietario, exigencia que evidentemente no se hace a los concesionarios de taxi, quienes tienen hasta flotillas de unidades, explotadas por operadores.
“Imaginemos que los dirigentes del sindicato de taxistas que tienen concesión de placas estuviesen manejando su unidad como una condición para el servicio”, señala este organismo, quien también apunta que los dueños de estas placas a menudo son funcionarios o ex funcionarios de gobierno.
La ley sí establece la obligatoriedad de un taxímetro para los concesionarios de taxi, pero su implementación se alarga hasta dos años; “es decir, pasando el proceso electoral”, comenta el organismo.
Para el Observatorio Ciudadano, se mantiene el principio de querer regular a las plataformas digitales, que son un servicio privado, de la misma manera que si fueran servicio público, con “permisos de operación” en lugar de concesiones.
Ello, pues acusan que se busca mantener el mismo sistema que ha operado durante varios sexenios, en donde se ve al transporte como un negocio y no como una solución a la movilidad de los ciudadanos.
Todas estas restricciones hacen probable que de nueva cuenta los afectados interpongan amparos, indican, razón por la que los diputados deberán revisar a conciencia esta iniciativa y no aprobarla “sin modificar una sola coma”, exhortan.
