Llaman a garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de mujeres reclusas en Q. Roo
Grecia Gutiérrez Lara, integrante de la Coordinadora de Mujeres Mayas de Quintana Roo y de la Casa de la Mujer Indígena María Uicab, ubicada en el municipio Felipe Carrillo Puerto, señaló que debido a que faltan muchos datos estadísticos para saber realmente cuántas mujeres indígenas, afromexicanas o hablantes de lenguas originarias se encuentran reclusas, muchas veces se les invisibiliza y limita que existan políticas públicas enfocadas a esta población en particular.
En el caso de las mujeres que están privadas de su libertad, comentó, es importante garantizar el derecho humano en términos de salud sexual y reproductiva, para que tengan acceso a productos de gestión menstrual, además de darles un trato digno, realizarles pruebas para detectar a tiempo algunos tipos de cáncer de la mujer, como el de mama o cervicouterino y, en general, todas aquellas revisiones que requiere cualquier mujer para preservar la salud.
“En el tema de acceso a la justicia nos encontramos con la limitante de que cuenten con un intérprete y perito traductor en los centros, por lo general están muy limitados y cuentan con uno y ese uno de repente tiene otras diligencias y no se encuentra en el momento que las mujeres acuden a hacer alguna denuncia y eso dilata el proceso. Pero consideramos que además de hablar la lengua tiene que tener un trato digno hacia las personas, pues el que hablen maya no garantiza que se les brinde a los ciudadanos un servicio de calidad”, dijo la activista.
Los delitos que más denuncian las mujeres en la zona maya son: violencia intrafamiliar, que en la mayoría de los casos se recibe de parte de esposo u hombres cercanos a la familia; sicológica, económica y física. Los colectivos se encargan de arropar y dar seguimiento a féminas de las comunidades rurales que acuden a la cabecera municipal en busca de ayuda ante la situación de violencia que viven. Ellas les dan asesoría jurídica y atención sicológica.
“Falta mucha cultura de denuncia y hay limitantes para que una mujer indígena pueda acceder a ella, por ejemplo la cuestión económica, pues tienen que viajar desde sus comunidades a la cabecera municipal y eso implica un gasto. Otro aspecto es que en comunidades pequeñas todos se conocen y saben quién denunció y eso las pone en vulnerabilidad… En primer lugar, tienen que conocer sus derechos”, concluyó la activista en temas de género.
