Protege proyecto de Ley de Movilidad intereses de funcionarios estatales, acusan socios de Uber

Carlos Calzado Calzado, representante de los socios de Uber en Cancún, aseguró que la iniciativa de Ley de Movilidad, presentada la semana pasada ante el Congreso del Estado y que busca regular la operación de las plataformas digitales en el estado, solo protege los intereses de algunos funcionarios estatales, quienes, dijo, tienen vínculos directos con sindicatos de taxistas.

En entrevista, el también periodista calificó de "una burla" el hecho que parte de lo recaudado por el Instituto de Movilidad, a través de aportaciones de las plataformas digitales, sea destinado a mejorar al transporte concesionado, incluido al servicio taxista, como lo anunció Cristina Torres Gómez, secretaria del gobierno estatal.

"Es una burla, un desplante. Durante la pandemia, el único apoyo que dio el gobierno fue al Sindicato de Taxistas 'Andrés Quintana Roo', y la intención era que mejoraran sus unidades. Nunca se aplicó. Ahora resulta que ese dinero lo van a usar para seguir beneficiando a los taxistas", aseveró.

"Entonces, lo que están haciendo es una nueva ley para seguir beneficiando al sindicato, y eso muestra que los funcionarios estatales son empleados de agrupaciones bastantes cuestionables, como son los sindicatos de taxistas. Muchas figuras del gobierno del estado tienen ese conflicto de intereses, porque son socios del sindicato", añadió.

En ese sentido, Calzado Calzado también calificó como poco creíble que otra parte de ese "fondo de recaudación" sea destinado de verdad a mejorar vialidades, pues en la actualidad los presupuestos ya asignados para tal fin no se aplican.

"Hay tramos como en las avenidas Niños Héroes y 20 de Noviembre que no son funcionales, semáforos que no sirven, o están mal sincronizados. Es decir, ¿dónde está el presupuesto para reparar esas vías? Porque sí hay presupuesto, y está hasta etiquetado, pero no se aplica", resaltó.

Por otro lado, agregó que esta iniciativa de ley fue hecha "en lo oscurito", pues no hubo un verdadero consenso.

Además, crítico que dicha ley no se ha hecho pública a través de la página web o la gaceta parlamentaria del Congreso del Estado, a pesar de que ya fue ingresada a la Oficialía de Partes, como lo advirtió ayer la asociación Observatorio Legislativo, durante un comunicado.

Se trata de un actuar cuestionable, señaló, porque ellos deben buscar transparencia y máxima publicidad en su trabajo y en las iniciativas que reciben y analizan.

En ese boletín, esta agrupación aseguró haber tenido acceso a un borrador de esta iniciativa, que todavía no se hace pública, y en ella halló varias restricciones impuestas a operadores de plataformas digitales, que no aplican a taxis. Al respecto, Calzado Calzado señaló que, si efectivamente así resulta ser la iniciativa, entonces es discriminatoria.

Una exigencia dispareja, es la obligación de que los vehículos usados para una plataforma digital deberán contar con un GPS conectado al C5, algo que no se les solicita a los taxistas.

"Resulta que las plataformas tendrían que tener la obligación para estar enlazadas al C5, pero no los taxistas. Desde un punto de vista práctico, sería como 'llover sobre mojado', porque las aplicaciones ya tienen geolocalización y están pendientes del servicio, razón por la que no ha habido incidentes, por más que le busquen. Del lado contrario, de lado de los taxistas, sabemos de levantones, de sicariatos, sabemos de uso de drogas, de muchas ilegalidades", indicó.

"Ojo, porque a mí nadie me garantiza que esa geolocalización no sea compartida con la delincuencia organizada", añadió.

Aseveró que la movilidad es una necesidad y un derecho de los ciudadanos, pero es tratada actualmente como un negocio para algunos sindicatos.