Funcionarias son dadas de baja en Q. Roo por inscribirse en Programas de apoyo social
Son ya un total de siete funcionarias de distintas áreas del gobierno estatal o los gobiernos municipales de Quintana Roo cesadas por haberse inscrito en los programas Mujer es Vida o Mujer es Poder, iniciativas dirigidas a féminas en situación de vulnerabilidad, y las investigaciones continúan en todos los municipios quintanarroenses.
Hasta ahora se ha identificado que la Secretaría del Bienestar de Quintana Roo tenía registradas a funcionarias como Rosana de los Ángeles Abán Mukul, quien fue separada de su cargo como subsecretaria de Desarrollo Humano de la Secretaría Estatal del Bienestar (Sebien); asimismo, la directora de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Othón P Blanco, Janely Monroy Martínez; y Breya Hodich Alcocer, directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el municipio de José María Morelos.
En el caso de Monroy Martínez, recibió los tres apoyos entregados en los meses que lleva el programa, consistentes en 2 mil pesos bimestrales, a pesar de tener ingresos promedio de 40 mil pesos al mes.
En el programa Mujer es Poder estaban enlistadas: Yecenia Marleni Escalera Valencia, directora de Atención a Rezago Alimentario en la zona norte; y Ana Luisa Chávez Mah, jefa de departamento de Apoyo Alimentario de Inclusión Social, quienes también fueron dadas de baja de sus cargos.
Las últimas en quedar en evidencia fueron: la secretaria general de José María Morelos, Rosilene de Rubí Carvajal Pech y la directora del albergue estudiantil, Teresa Castillo Rodríguez, quienes percibieron apoyos económicos. En el caso de este municipio se les dio a las funcionarias la opción de presentar sus renuncias voluntarias.
Hasta ahora la Secretaría de la Contraloría Estatal (Secoes) ha dado a conocer que realiza investigación y auditoría correspondientes, pues la inclusión de estas funcionarias violentó las reglas de operación de los programas, que tienen con fundamento el apoyo social a mujeres en situación vulnerable, en busca del fortalecimiento de la capacidad económica, acceso a la justicia y generar un plan de vida para empoderarlas.
